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El certificado de sello digital (CSD) emitido por el SAT es un elemento indispensable para la emisión de comprobantes fiscales digitales.

Con las reformas que se han venido realizando al Código Fiscal y a la Resolución Miscelánea Fiscal en el presente año, existen una gran cantidad de causas que pueden dar lugar a que la Autoridad Fiscal aplique la sanción de cancelar el CSD de tu empresa.

A continuación. Los pasos a seguir en caso que te llegues a encontrar en una situación como esta:

Paso 1:  Presentar una aclaración:

En el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea fiscal se dice lo siguiente:

47/CFF

Aclaración para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa por la que se dejó sin efecto su Certificado de Sello Digital, se restringió el uso de su Certificado de e.firma o el mecanismo que utiliza para efectos de la expedición del CFDI.

¿Quiénes la presentan?

Los contribuyentes a quien es la autoridad fiscal hayan dejado sin efectos el o los CSD, los contribuyentes personas físicas a quien se haya restringido el uso de su Certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan para efectos de la expedición de su CFDI.

¿Dónde se presenta?

En el portal del S.A.T.

¿Qué documento se obtiene?

Acuse de recibo y posteriormente, la respuesta electrónica a su solicitud de aclaración.

¿Cuándo se presenta?

Cuando se haya dejado sin efectos el o los CSD para la expedición del CFDI en términos del artículo 17-H fracción X del CFF, se haya restringido el uso de su certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan para efectos de la expedición del se CFDI.

Requisitos:

Archivo digitalizado con la Resolución Administrativa a través de la cual se dejó sin efectos su CSD, así como los elementos probatorios que desvirtúen o subsanen las irregularidades detectadas o que soporten los hechos o circunstancias que manifiesta.

Condiciones

Contar con Contraseña o e.firma.

Paso 2:  Sustentar la Aclaración:

Información adicional:

Cuando derivado del volumen de la documentación que integra los elementos probatorios con los que el contribuyente pretenda desvirtuar a subsanar las irregularidades hechos de su conocimiento, no sea posible su envío electrónico a través del caso de aclaración, en el mismo se deberá indicar dicha circunstancia.

En estos casos, el contribuyente podrá integrar la documentación correspondiente ante la autoridad que emitió el oficio por el que se dejó sin efectos el CSD, o bien, ante la ADSC más cercana a su domicilio (consultar anexo 23), presentando escrito libre en el que se haga referencia al citado oficio y al caso de aclaración ingresado.

Puedes recurrir también a la PRODECON (Procuraduría de Defensa del Contribuyente) quienes brindan asesoría de manera gratuita.

En el siguiente link podrás descargar el cuadernillo recientemente publicado por la Procuraduría donde encontrarás información muy completa sobre “Cancelación del Certificado de Sello Digital”.  

En la sesión celebrada el pasado 5 de agosto la segunda sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la nación al resolver la Contradicción de tesis 70/2020, determinó que debe prevalecer con carácter de Jurisprudencia la sustentada en la Sala en su resolución, cuya propuesta fue en el sentido de qué “la resolución emitida en términos del penúltimo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación es impugnable a través del recurso administrativo de revocación o en sede contenciosa administrativa. Puedes consultar la resolución completa en el siguiente link.

Paso 3:  Busca asesoría en caso necesario:

Asesórate con tu proveedor de confianza en soluciones de documentos electrónicos para que te ayude a revisar con que herramientas cuentas para evitar caer en cualquiera de los supuestos que ameritan la suspensión del CDS. En AMITI encontrarás a los proveedores más confiables del mercado,

Reza un dicho popular “mas vale prevenir que lamentar”.

El pasado 13 de agosto el Subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta presentó a los gobernadores del país, el proyecto de un convenio entre la Procuraduría Fiscal de la Federación y los gobiernos estatales que tiene como objetivo el combate a la defraudación fiscal, contrabando y la compra – venta de facturas falsas, entre otros.

El Procurador Fiscal, Carlos Romero Aranda, manifestó que, si se elimina este modus operandi, “estaremos acabando con buena parte de la corrupción que tiene este país”.

Se pretende que los estados y el gobierno federal, intercambien información para identificar y denunciar a los responsables de esos delitos. De igual forma, se buscan impulsar los procedimientos penales.

Las acciones para construir “casos de éxito” por la vía penal, estarán enfocadas al análisis de la siguiente información:

Declaraciones fiscales, comprobantes fiscales digitales, ubicación de despachos de abogados y contadores públicos y otros profesionistas que se han dedicado a planear y ejecutar esquemas de evasión fiscal, información aduanera financiera y notarial, documentación de procedimientos ilegales de licitaciones publicas en los cuales se hayan realizado actos de corrupción con el uso de empresas fantasma que simulan operaciones fiscales.

Las investigaciones se llevarán a cabo mediante el establecimiento y colaboración de grupos técnicos; uno para coordinar los procedimientos y medios de entrega de información; otro grupo operativo para coordinar los aspectos jurídicos y contables que se requieran para la investigación y el procesamiento penal del caso y, finalmente, un grupo institucional para la colaboración efectiva de alto nivel.

Los gobiernos de los estados tienen el incentivo de que los recursos que se obtengan de la ejecución de los procedimientos penales aquí referidos, les serán devueltos para el beneficio de sus residentes.

Las empresas que cumplen con todas sus obligaciones fiscales pudieran sentirse lejanas a verse envueltas en un problema de esta índole. Sin embargo, es extremadamente importante cuidar los siguientes aspectos.

  1. Validar que no se tengan operaciones con empresas relacionadas en las “listas negras” del SAT.  Si una empresa llegase a realizar algún tipo de operación comercial con las llamadas “factureras” o EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) se convierten automáticamente en una empresa conocida como EDOS (Empresas que deducen operaciones simuladas).
  2. Revisar los registros históricos de la empresa, para tener la tranquilidad de no tener operaciones de las descritas en el punto anterior.
  • Monitorear que, en las bases de datos del SAT, no existan operaciones registradas por alguna de las empresas “EFOS”. Esto puede suceder, aún sin tener en los registros internos alguna de estas facturas.

Para evitar estos riesgos, es imprescindible que todas las empresas cuenten con una herramienta y/o un servicio, que les permita integrar a sus procesos de compras la validación del RFC de cada proveedor, contra las “listas negras” del SAT. En específico, ver que no se tengan operaciones con empresas de las que han agotado el proceso que da la Autoridad para desvirtuar los hechos que se le imputan, y por ello, se encuentran como “firmes”, de acuerdo a lo establecido en el art. 69B del CFF.

No pierda tiempo y protéjase para no tener que enfrentar un proceso de aclaración con el SAT y/o la aplicación de medidas preventivas, como la suspensión de su Certificado de Sello Digital, lo cual significa para cualquier empresa la imposibilidad de facturar.

En el Portal del SAT, se relacionan las empresas amparadas por sus respectivas Asociaciones para ofrecer soluciones de factura electrónica.  Ser Socio de AMITI, es un privilegio para apoyar a los miles de empresas en México que necesitan este tipo de servicios.

Como lo informamos anteriormente, a partir del pasado 1 de junio de 2020, tanto las empresas nacionales como las extranjeras que presten servicios digitales a usuarios en México por medio de aplicaciones, están obligadas al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por sus servicios.

Y, si adicionalmente prestan servicios de intermediación, tendrán la obligación de retener tanto el Impuesto sobre la Renta (ISR) como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios u otorguen el uso o goce temporal, así como enterar estas retenciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a más tardar el 17 del mes siguiente a aquel en que se efectuó el cobro.

El minisitio lanzado por el SAT sobre este tema, tiene como objetivo facilitar y simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tanto de empresas como de personas físicas con actividad empresarial que enajenan bienes, prestan servicios o conceden hospedaje a través de internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares.

El minisitio se puede acceder desde el Portal principal del SAT: www.sat.gob.mx   dar “click” en “Minisitio Plataformas tecnológicas”.

También lo puedes acceder dando “click” en la pestaña: “Residentes en el extranjero”   y posteriormente “Minisitio Plataformas…”

Aquí te decimos lo que podrás encontrar en el nuevo minisitio.

  • Inscripción en el RFC.
  • Actualización de obligaciones en el RFC.
  • Información relacionada con la obligación de emitir la factura de retenciones e información de pagos con Complemento Servicios Plataformas Tecnológicas.
  • Simulador declaración de entero de retenciones Residentes en México o en el extranjero con establecimiento permanente en el país.
  • Simulador declaración de entero de retenciones residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país.
  • Simulador de pago de IVA de personas morales residentes en el extranjero sin establecimiento en México.
  • Preguntas frecuentes.

También podrás consultar la Guía de llenado del simulador donde se establecen los lineamientos y un ejemplo de cómo presentar la retención de impuestos. La podrás descargar en la siguiente liga https://bit.ly/3cJfl1p Para quienes se encuentran con esta nueva obligación fiscal les recomendamos entrar al nuevo minisitio para que se preparen y cumplan puntualmente con el pago de sus impuestos.

A pesar de los esfuerzos que han hecho las autoridades Hacendarias para aclarar que no se trata de un nuevo impuesto, la realidad es que a partir del 1º de junio los ciudadanos mexicanos pagaremos más por los productos o servicios adquiridos a través de plataformas digitales al retener el 16% del impuesto al valor agregado (IVA).

Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público, afirmó en su cuenta de twiter que las medidas tributarias sobre la economía digital “no representan impuestos nuevos o aumento en tasas”.

Agregó que “estas medidas tienen como objetivo hacer operativamente más fácil el cumplimiento en el pago de impuestos existentes como el IVA y puntualizó que “el acuerdo de ahora es que las plataformas retengan el IVA al que están obligados a pagar los usuarios, pero para el cual no existía un esquema operativo”.

Herrera recordó que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se creó en 1980 y no contemplaba servicios digitales como los de las plataformas de streaming, por lo que la Secretaría de Hacienda acordó con las compañías involucradas, en mayo de este año, llevar a cabo la retención del IVA y el ISR en las actividades de transporte y entrega de alimentos con plataformas digitales de intermediarias.

El 1 de mayo de 2020 fue publicada la “Revisión A” a la versión 1.0 del estándar técnico del complemento Servicios de Plataformas Tecnológicas, a efecto de cumplir con la obligación de emitir la factura que acredite los ingresos y retenciones por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que entrará en vigor el 1 de junio de 2020.

Esta obligación se contempla en la reforma fiscal para 2020, en los artículos 113-C, fracción II de la LISR, 18-J, fracción II, inciso c) e la LIVA, Artículo Segundo Transitorio, fracción III, de la LISR y Artículo Cuarto Transitorio, fracción IV, inciso c) de la LIVA para 2020, publicados en el DOF del 9 de diciembre de 2019, Regla 12.2.3, en relación con la regla 12.2.4 y el artículo Transitorio Quincuagésimo Quinto de la RMF para 2020)

Las nuevas tarifas ya fueron anunciadas por las empresas afectadas a sus clientes. Estas nuevas tarifas entrarán en vigor a partir del 1º. de junio de 2020.

Empresas como Netflix, PlayStation y otras no se han pronunciado al respecto, pero compañías como Amazon, Mercado Libre, Spotify, Uber, Cabify y otras han expresado su inconformidad.

Ahora que estamos haciendo un mayor uso de los servicios de plataformas digitales por las medidas sanitarias de la COVID-19 deberemos  estar atentos para identificar, aquellas compañías  que están incrementado sus precios, como consecuencia de esta nueva obligación tributaria.

EL comercio electrónico está siendo un gran aliado para enfrentar los impactos del confinamiento de las personas, sin embargo, el Gobierno decidió tratar de capitalizar con impuestos esta práctica.

 Solo el tiempo y la población podrá defender la urgente necesidad de facilitar las prácticas electrónicas como un  apoyo indispensable a la difícil situación económica que enfrenta la industria de retail.

El pasado 29 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un Decreto en el que se delegan diversas facultades a servidores públicos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) entre las que figura la cancelación y el restablecimiento de la firma electrónica y el sello digital, dos herramientas esenciales para poder facturar y que, de ser inhabilitadas, puede significar un gran problema en la actual pandemia del COVID19.

A continuación, lo que dice dicho Decreto.

Cancelación:

Las facultades delegadas tienen el propósito de “Restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet en términos del artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación, así como el uso del certificado de firma electrónica avanzada o el uso de cualquier otro mecanismo opcional que utilice el contribuyente para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet…”

Los servidores públicos autorizados pertenecen a las siguientes áreas.

  • Administrador General de Recaudación, en el Administrador Central de Cobro Coactivo, en los administradores de Cobro Coactivo “1”, “2”, “3” y “4”, así como en los administradores y subadministradores desconcentrados de recaudación:
  • Administrador General de Auditoría Fiscal Federal; en los administradores centrales de Operación de la Fiscalización Nacional, de Análisis Técnico Fiscal, de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal, de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal, de Fiscalización Estratégica y de Devoluciones y Compensaciones, así como en los coordinadores y administradores que de ellos dependan y en los administradores desconcentrados de Auditoría Fiscal, todos de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
  • Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior; en los administradores centrales de Investigación y Análisis de Comercio Exterior, de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior, de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior y de Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior, así como en los administradores que de ellos dependan y en los administradores desconcentrados de Auditoría de Comercio Exterior
  • El Administrador General de Grandes Contribuyentes; en los administradores centrales de Fiscalización al Sector Financiero, de Fiscalización a Grupos de Sociedades, de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, de Fiscalización Internacional, de Fiscalización de Precios de Transferencia, así como, en los administradores y subadministradores que de ellos dependan
  • Administrador General de Hidrocarburos.
  • Administrador General de Servicios al Contribuyente.

Restablecimiento:

El único servidor público autorizado para restablecer el uso de los certificados de sello digital, conforme a lo dispuesto en el artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación, así como el uso del certificado de firma electrónica avanzada o el uso de cualquier otro mecanismo opcional que utilice el contribuyente para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet permitido en las disposiciones jurídicas aplicables es el Administrador General de Servicios al Contribuyente.

En estos tiempos dificiles que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19 y en especial para las empresas del país,  sería mortal que alguna de ellas enfrentara la situación que le impida seguir facturando a sus clientes porque su certificado de sello digital o su firma electrónica fue inhabilitada.

La firma electrónica es indispensable para poder obtener un Certificado de Sello Digital (CSD) que es el instrumento requerido para emitir facturas electrónicas.

Con la firma electrónica, además, el Contribuyente presenta su declaración y puede obtener las devoluciones de impuestos correspondientes, en su caso.

Por ello, es importante saber que si por alguna razón su firma o sello es revocado, la única instancia para rehabilitar su validez es el Administrador Central de Servicios al Contribuyente.

Son tantos los motivos por los cuales una empresa puede ser sujeta a la aplicación de una sanción de esa magnitud, que esperamos que los servidores públicos que ahora tienen esta facultad actúen con la sensibilidad que demandan los tiempos actuales.

Estaremos atentos para mantenerlos oportunamente informados.

El pasado 22 de abril mediante un comunicado de prensa, el SAT decidió extender el plazo para presentar la declaración anual de personal físicas, estableciendo el nuevo vencimiento hasta el 30 de junio de 2020.

El  SAT reconoció, en aras de la transparencia, que el reciente sitio (satid.sat.gob.mx) habilitado para que los contribuyentes generen o actualicen su contraseña desde su casa y facilitar la presentación de la declaración anual de personas físicas durante abril, se había visto rebasado por la alta demanda presentada y estaba en proceso de mejora continua para resolver las situaciones técnicas que se han reportado.

Lo anterior fue informado por la dependencia, no sin antes destacar que el SAT cuenta con la mayor capacidad tecnológica instalada a diferencia de cualquier otra dependencia del gobierno federal, ya que es la institución que realiza más transacciones a nivel nacional.

En este contexto el SAT decidió extender el plazo para realizar la declaración de personal físicas hasta el 30 de junio de 2020. Esto de dio a conocer en la versión anticipada de la 4ª. Modificación de  la Resolución Miscelánea Fiscal que a la letra dice lo siguiente:

Con lo anterior, las personas físicas se verán beneficiados con esta medida.

El SAT destacó que al 21 de abril del 2020 se han presentado 4’252,450 declaraciones de personas físicas, cifra mayor a los 3’210,548 referente al año 2019. Esto representa un incremento de 32% en contraste con el año pasado.

Así las cosas, las personas morales siguen esperando que la Autoridad Fiscal brinde algún tipo de apoyo para mitigar la situación tan crítica que enfrentan las empresas por la falta de liquidez y la obligación, impostergable a la fecha, de pagar sus impuestos.

En México, las PYMES presentan problemas de liquidez severos. Representan más del 90% del universo empresarial de nuestro país.  Urgen al Gobierno Federal en dar un alivio a la difícil situación de sus finanzas que comprometen en forma directa, la subsistencia de más del 85% de los centros de trabajo de nuestro país.

¡Hasta la próxima!

El 31 de marzo de 2020 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer en su página de internet la Primera Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y sus anexos 1-A, 5, 7, 9, 14 y 23, donde destaca la prórroga para la actualización de los datos del Buzón Tributario.

Da clic en el siguiente enlace para leer el documento completo: https://www.sat.gob.mx/normatividad/58905/versiones-anticipadas-de-las-rmf

Con esta publicación el SAT se elimina la expectativa que se tenía de que se anunciara el diferimiento para presentar la declaración anual de las personal físicas y morales.

Respecto a la publicación hecha, hay que destacar lo señalado en el artículo cuadragésimo quinto (segunda versión anticipada) que a la letra dice lo siguiente:

“Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 17-K, tercer párrafo, y 86-C del CFF, contenido en el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2019, será aplicable para personas morales a partir del 30 de septiembre de 2020 y para las personas físicas a partir del 30 de noviembre de 2020”.

“No obstante, lo anterior, el uso obligatorio del buzón tributario tendrá el carácter de opcional cuando se trate de contribuyentes comprendidos en el Título IV, Capítulo I, de la Ley del ISR.”

Esto significa que los contribuyentes que aun no tengan habilitado el buzón tributario o no tengan actualizada la información de contacto tendrán un plazo de 6 meses aproximadamente para cumplir con esta obligación fiscal.

Haciendo un poco de historia respecto al instrumento de comunicación oficial entre el SAT y los Contribuyentes, el Buzón Tributario entró en vigor el 30 de junio del 2014 para las personas morales y el 1º. de enero del 2015 para las personas físicas.

El objetivo para instrumentar el Buzón Tributario, fue utilizar los medios electrónicos y digitales para reducir tiempos y costos en la comunicación entre contribuyentes y autoridades. El proceso de notificación personal tenía un costo de $259.00 por diligencia, según datos del SAT, con una eficiencia de tan sólo 81% y requería de 5 a 30 días para que concluyera el proceso de notificación.

Los hechos demuestran que han transcurrido más de 5 años desde la creación de buzón tributario y aun existen contribuyentes que no tienen habilitado este medio de comunicación con la Autoridad.

Por lo mismo, el actual gobierno a través del SAT ha incorporado sanciones muy severas para quienes no cumplan con esta obligación, en el entendido de que quienes no lo hagan, se oponen a ser notificados por la Autoridad.

Existen sanciones económicas que oscilan entre $3,080.00 pesos a $9,250.00 de acuerdo con los artículos 86-C y 86-D del CFF. La de mayor impacto es la suspensión del certificado de sello digital, lo cual impide a un contribuyente emitir sus comprobantes fiscales digitales, es decir, lo impide a continuar con su actividad productiva ante la imposibilidad de facturar a sus clientes.

En estos momentos de crisis comunitaria, seguiremos atentos a cualquier notificación relevante de la Autoridad en beneficio de los contribuyentes. Mientras tanto, a mantener la sana distancia !Guardaditos en casa!

Iniciar una empresa es algo relevante. Se requiere de una inversión, dominio del negocio y por supuesto, de contar con un servicio de factura electrónica que nos permita emitir a tiempo las facturas hacia nuestros clientes y proveedores.

Desde enero de 2014, las personas físicas con actividad empresarial y todas las empresas, incluso aquellas sin fines de lucro, están obligadas a facturar electrónicamente.

Para llevar a cabo correctamente este proceso y enviar la información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), se deben tomar en cuenta diversos factores para asegurarse de que se está contratando a un buen proveedor de CFDIs:

  • Que opere bajo los estándares exigidos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
  • Que cuente con la opción de timbrado de alta disponibilidad, esto quiere decir que tiene a su disposición diversos PACs para que si por alguna razón el actual no puede timbrar, automáticamente el se cambie al siguiente disponible sin afectar operaciones.

Adicional, un buen proveedor de factura electrónica debe contar con un sistema:

  • Amigable, intuitivo y fácil de operar.
  • Que se pueda operar de manera online sin necesidad de instalar ningún software.
  • Que se encuentre disponible 24/7.
  • Que cuente con mesa de ayuda personalizada, en caso de necesitar apoyo.
  • Que sea responsivo y se pueda generar la factura desde cualquier dispositivo.
  • Que cuente con un fácil proceso de cancelación de facturas.
  • Que sea multiusuario, es decir, que no se limite únicamente a un usuario para operarlo.
  • Que cuente con resguardo de la información en la nube para tenerla disponible.
  • Que tenga la opción de generar reportes mediante filtros, para obtener con facilidad la información sobre facturación que se necesita.

El proveedor de facturas electrónicas tiene la obligación de validar los requisitos del comprobante; asignarles un folio fiscal e incorporar el sello digital del SAT. Adicionalmente, debe localizar el logotipo oficial y validar que tanto el nombre comercial de la empresa y su razón social correspondan a los que están presentados ante la autoridad fiscal.

Si eres un pequeño contribuyente, con un volumen de transacciones muy bajo y tu operación no es sofisticada, puedes encontrar proveedores con precios accesibles con una cuota de pago anual, siempre disponible en la nube y con la facilidad de poder operarlo desde cualquier dispositivo.

La elección de un buen proveedor de facturas electrónica no sólo te ayudará a ahorrar dinero, sino te permitirá cambiar la cultura organizacional de tu empresa o proyecto, y ser más eficiente. 

El 31 de marzo es el último día para que las personas morales presenten su Declaración Anual. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya informó que no dará prórroga a los contribuyentes pese a la contingencia por el coronavirus Covid-19.

En un comunicado dijo que “con una recaudación óptima, lograremos contar con mayores recursos para comprar equipo médico, insumos y medicamentos”. 

Por lo anterior, todas las personas morales deben presentar su declaración anual con fecha límite el martes 31 de marzo.

Sin embargo, el SAT dio a conocer que devolverá los saldos a favor en un tiempo máximo de tres días con el fin de apoyar la economía de las familias mexicanas.

Ejemplificó diciendo que, si el 1 de abril de 2020 los contribuyentes presentan su declaración anual normal o complementaria del ejercicio 2019, el saldo a favor autorizado les será depositado el 3 de abril de 2020.

El outsourcing se ha convertido en una práctica de alto uso entre las empresas de Tecnología y Gobierno por la flexibilidad que ello representa para crecer y/o reducir la fuerza laboral sin los problemas inherentes al pago de liquidaciones que se pueden convertir en una carga pesada para las empresas y organizaciones.

Sin embargo, dicho servicio ha sido mal utilizado y muchas veces se ha abusado en su práctica para eludir pagos al IMSS y/o al fisco con el consecuente detrimento en la economía y beneficios de los empleados.

El pasado 2 de marzo, una mesa de alto nivel promovida por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, logró el consenso de senadores, sindicatos y representantes del gobierno federal, en un dictamen sobre la reforma en materia de outsourcing, publicado con esa fecha. A continuación un resumen de los principales puntos del acuerdo:

• No se tipificará como crimen organizado la subcontratación irregular.
• Los contratistas deberán inscribirse en el registro nacional de empresas de subcontratación.
• La Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitirá a más tardar en 12 meses los lineamientos de operación del registro nacional.
• Quien use subcontratación en forma dolosa, recibirá multas de entre 22 mil y 434 mil pesos.
• El contratante será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores.
• La Secretaría del Trabajo, junto con el IMSS y el Infonavit harán inspecciones preventivas para comprobar que los contratistas cumplen con las obligaciones laborales y de seguridad social correspondientes.
• Las empresas que se dediquen al outsourcing tendrán hasta seis meses para regularse al nuevo esquema laboral.

Aun falta camino por recorrer. Existen voces disonantes con dicho dictamen y esperan se vote en las comisiones dictaminadoras o en el pleno del senado al argumentar que la mesa de alto nivel no tiene facultades para modificar el dictamen del 12 de febrero pasado.

Estaremos atentos para mantenerlos bien informados.